POLÍTICAMENTE INCORRECTO

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

sábado, 18 de febrero de 2012

TRAFICO DE EMPLEO PUBLICO


Cuando el trabajo constituye hoy el bien más preciado por los españoles, debido a la gran tasa de paro que asola el país y que supone un drama para muchas miles de familias.

Aunque la Constitución diga que todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo (artículo 35) y que a la función pública se ha de acceder en condiciones de igualdad (artículo 23), debiendo primar a este respecto sólo el mérito y la capacidad.

Siendo las Administraciones Públicas que conforman el Estado patrimonio común de todos los ciudadanos.

A pesar de que los gobernantes en un Estado de Derecho tienen la obligación ineludible de cumplir escrupulosamente la Ley en su actuación, con objetividad, no debiendo favorecer a nadie en perjuicio de nadie, ya que nos representan supuestamente a todos.

Pues bien, no obstante todo lo cual, estamos asistiendo de forma peligrosa, cada vez más intensamente, a un fenómeno injustificable: el tráfico o negocio ilícito de empleo público. En efecto, cada vez es mayor el número de puestos de trabajo existentes en las diferentes instituciones públicas, muchos de ellos absolutamente innecesarios, pero muy bien remunerados a costa, naturalmente, del bolsillo de los contribuyentes. La mayoría son creados artificiosamente por los responsables políticos, de todos los colores, para colocar a personas afines al partido de que se trate. De tal manera que para acceder a dichos puestos de trabajo, algunos fijos y otros de personal eventual o de confianza, que se crean en Ayuntamientos, Consejerías, Patronatos, Fundaciones y Empresas públicas, etc., por supuesto que no es preciso superar un proceso selectivo (oposición o concurso), ni acreditar capacidad profesional ni mérito alguno, ni aún necesidad económica; basta con militar políticamente, jurar fidelidad al que manda en cada caso y prestarle determinados y muchas veces inconfesables servicios. Y lo que es todavía peor: algunos de estos puestos de trabajo, sobre todo en grandes Corporaciones, ni siquiera son desempeñados por los “agraciados”; así, los contribuyentes les pagan una nómina y ellos trabajan para el partido.

Esto que les estoy contando es radicalmente cierto, por muy exagerado que parezca. Y es que el descaro y la falta de responsabilidad en el manejo de fondos y recursos públicos están alcanzando cotas insospechadas hace sólo unos años. Muchos dirigentes políticos gobiernan una institución pública con la misma arbitrariedad que si administraran su propia empresa.

Las consecuencias de este delictivo proceder son muy graves: el empleo público se dispara, con el consiguiente despilfarro económico; los funcionarios de carrera son marginados en su tarea y la función pública se resiente en su eficacia e independencia; la actividad administrativa se pliega a los intereses partidistas, en claro perjuicio de la legalidad y del interés general; se produce un claro supuesto de financiación ilegal de partidos políticos; y, en fin, lo que es peor, si cabe: la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones democráticas, que ve como cotos privados de las distintas formaciones políticas.

¿Qué se puede hacer ante tal panorama?. Por lo pronto, tomar conciencia de su existencia, generalidad e injusticia. A continuación, denunciarlo; de distinta manera, como cada uno pueda.

JOSÉ MANUEL URQUIZA

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