El decreto del Gobierno obliga a los ayuntamientos a generar suficientes ingresos corrientes
El Gobierno central no regalará nada a los ayuntamientos con el decreto que permitirá a los proveedores cobrar gran parte de la deuda pendiente. El plan de ajuste que tendrán que acometer los municipios que se acojan el mecanismo de financiación habilitado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy conllevará la generación de ingresos corrientes suficientes para financiar su gastos y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que le permitirá liberarse de los compromisos con contratistas y proveedores.
Esto supone en la prática que los alcaldes no tendrán más remedio que pedir más dinero a sus ciudadanos si quieren mantener el nivel de prestación de servicios y ello solo puede hacerse mediante la vía de los tributos propios. De hecho, una de los requisitos establecidos para el plan de ajuste es lograr "una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios públicos". O lo que es lo mismo: Los consistorios ya no podrán recurrir a nuevo endeudamiento para financiar gastos corriente hasta que hayan cumplido con sus obligaciones con el Estado. El Gobierno se ha reservado incluso la posibilidad de que retener parte de las trasferencias a aquellas entidades locales que no cumplan con la amortización del crédito que servirá para pagar a proveedores.
Las restricciones alcanzan también a las futuras inversiones. El decreto, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado y firmado por Mariano Rajoy, prohibe expresamente su realización cuando sean financiadas con deuda si un ayuntamiento genera remanentes negativos de tesorería para gastos generales durante el período de amortización del crédito para pagar a proveedores.
La filosofía del plan es aprovechar la liberación de deudas a proveedores para acometer un saneamiento profundo de las entidades locales, muy afectadas por la crisis económica, con altos niveles de endeudamiento y con escasez de ingresos por el descenso de la actividad. El desplome de la construcción ha dejado a muchos ayuntamientos sin recaudación del Impuesto de Obras y Construcciones.
El decreto del Gobierno obliga a los ayuntamientos a presentar antes del 15 de marzo una relación de las obligaciones pendientes de pago con proveedores a fecha anterior al 1 de enero de 2012. Antes del 31 de marzo deberán aprobar un plan de ajuste que tendrá que ser validado por los técnicos del Ministerio de Hacienda en el plazo de 30 días. Si el plan tiene luz verde, los proveedores podrán cobrar en las entidades bancarias sus facturas y el municipio contraerá una deuda con aval del Estado (aún se desconoce si con el ICO o también con entidades financieras) que tendrán carácter prioritario en sus amortizaciones.
http://www.levante-emv.com/economia/2012/02/28/municipios-puedan-pagar-proveedores-deberan-subir-impuestos/885245.html
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