El 'timo' de las desaladoras de Zapatero asciende a 4.000 millones de euros

De las 51 previstas sólo 17 están en funcionamiento.Los regantes rechazan ese agua por su precio prohibitivo y baja calidad.

El Ejecutivo de Zapatero aprobó sucesivamente la construcción de 51 desalinizadoras desde Gerona hasta Málaga, con el objetivo de desalar casi 800 hectómetros cúbicos al año. Ocho años después sólo han entrado en funcionamiento diecisiete de estas instalaciones, con un rendimiento que apenas supera los cien hectómetros cúbicos anuales.

Hay desalinizadoras terminadas que están sin funcionar por no existir demanda. Y es que los agricultores rechazan la utilización de esta agua por ser mucho más cara que la que procede de otros canales y por su baja calidad, que pone en peligro incluso la salud de las explotaciones agrarias.

En el caso de la cuenca del Río Segura, que a estos efectos ha sido el banco de pruebas del Plan Agua creado por Zapatero, hay cuatro desaladoras construidas de las que sólo funciona una y otra de uso mixto que está prácticamente inactiva. Aun así, el Ejecutivo de Zapatero aprobó la construcción de dos grandes desalinizadoras más, concretamente en Torrevieja (Alicante) y Águilas (Murcia), cuya futura explotación es una incógnita ante la escasísima demanda de agua desalada por el sector de la agricultura, al que va principalmente destinada su producción. Tan es así que la comunidad murciana ha propuesto vender los equipos de desalación construidos en la región a los países árabes, como forma de rentabilizar en parte la inversión realizada a la vista de su inutilidad.

Las desaladoras de Zapatero han consumido ya más de 1.600 millones de euros, a los que hay que sumar la cifra de otros 2.400 millones para poner en funcionamiento todas las plantas aprobadas por su Gobierno, lo que hace un total de 4.000 millones en inversión de fondos públicos. El Trasvase del Río Ebro, incluido en el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, tenía un presupuesto de unos 4.200 millones, de los que la mayor parte iban a ser financiados por la Unión Europea.

En cuanto a su impacto sobre el empleo del sector, un estudio coordinado por la Universidad de Alicante y dado a conocer en marzo de 2010, demostró que la derogación del trasvase del Ebro impidió la creación de unos 520.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

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